Un día en la oficina

Juan Vicente Gómez S.

A petición de los colegas de Expresión Libre, presentamos un breve recuento sobre algunas vivencias en la cobertura periodística post terremoto que permiten inferir conclusiones sobre los obstáculos y las mayores dificultades que se afrontan en la Venezuela actual en nuestras búsquedas de información.

Un típico “día en la oficina”, pongamos por azar el jueves 10-09-26, nos dirigimos a La Guaira desde Caracas siempre atentos a los despliegues policiales y militares que encontramos en la ruta. Al principio de la emergencia eran frecuentes las retenciones en numerosas alcabalas donde “filtraban” al personal autorizado para acceder a las zonas más castigadas por los sismos. Los corresponsales extranjeros que llegaron en los primeros días de la contingencia estuvieron obligados a acreditarse en la Base Militar de La Carlota y eran trasladados en autobuses bajo control oficial, en horarios rígidos de dos grupos: mañana y mediodía. (Al tercer día de esa rutina conocí el caso de una reportera española harta de aquellas “visitas guiadas”, que rompió su brazalete de Prensa Internacional prefiriendo el anonimato.) Buscó la ayuda de “fixers criollos” para que la guiaran hasta los “hot spots”, los puntos neurálgicos donde quería fotografiar y obtener testimoniales sin límite de horas de trabajo ni de zonas geográficas.)

Las alcabalas de los primeros días -donde incluso nos llegaron a retener credenciales de prensa que no siempre devolvieron- se han ido flexibilizando hasta los actuales PUNTOS DE CONTROL, todavía muy numerosos, pero mucho menos activos. (En la pauta del 10-09, por ejemplo, conté 7 de esos Puntos entre el occidente del litoral, en Catia La Mar, hasta Naiguatá y Camurí Grande, el punto más hacia el este en el recorrido de ese día.) Si bien no están deteniendo vehículos o transeúntes allí, el contexto es intimidatorio, los funcionarios portan armas largas a la vista, e incluso en muchos casos “se bajan la capucha” cuando nos identificamos como periodistas para intentar cotejar algún dato concreto que a ellos les suena a “pregunta indiscreta” que “no están autorizados para responder”.

La visión del periodista que tienen la mayoría de los militares y policías está prejuiciada por los bulos y sesgos proselitistas de sus superiores, y concretamente siguen recibiendo órdenes del Ministro de Relaciones Interiores para no atender a la prensa. La frase, “no estoy autorizado para atender periodistas”, ha sido literal en múltiples ocasiones y con frecuencia nuestra insistencia desespera a Diosdado Cabello y lo lleva a arremeter contra el gremio entero en sus chácharas propagandísticas de los miércoles por la noche en los programas de “Con el mazo dando.”

También son frecuentes todavía las prohibiciones para grabar donde discrecionalmente lo establecen las autoridades. La desobediencia sigue siendo penalizada con el decomiso de teléfonos celulares o “el borrado del material”. (En nuestro caso concreto sucedió lo segundo cuando obtuvimos unos planos generales del Cementerio La Esperanza, borrados in situ para evitar otra represalia mayor.) La opacidad oficial en cuanto a las estadísticas generales de la tragedia -muertos y desaparecidos- hace particularmente susceptibles a los jerarcas del régimen sobre los datos que ponen en jaque las mentiras oficiales. Para nadie es un secreto que la magnitud de la tragedia supera con creces lo que expresa el gobierno, algo similar a lo que ocurrió en el deslave de 1999 sin que pudiesen establecerse nunca parámetros definitivos más cercanos a la realidad.

Otro ejemplo: la morgue improvisada en el Sector Los Silos del Puerto de La Guaira. El acceso a su interior siempre ha estado restringido y “la narrativa oficial” es dictada por los hermanos Rodríguez y Diosdado. Ellos “ponen las cifras” y los responsables directos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF*) las repiten sin contradecir a los jefes. Se impone la consigna de “Dudar es traicionar” y no existe ni autonomía ni independencia en materia forense. (*La directora ignora sin pudor las solicitudes de entrevistas y apenas pudimos consultar “por sorpresa” a S. Villalobos, sub-director, quien esquivó cifras y estadísticas pasando la pelota a “lo que diga Jorge en su próximo informe sobre la situación”.)

ESCOMBROS, ECOCIDIO Y FAVORES MENORES DE UN ALCALDE

El desdibujamiento físico de la franja costera del litoral hace que la mirada del observador cambie en cada nuevo recorrido: la remoción de escombros y la demolición de estructuras hace que todo se modifique día tras día. Los nuevos “edificios” están constituidos por las pilas de escombros que se acumulan por doquier. El gobierno ha establecido numerosos Centros de Disposición Temporal de Residuos Sólidos (CDT) y jura, a través del Ministro de “Ecosocialismo” que “se están guardando las distancias adecuadas para respetar el medio ambiente de esas playas”. Nelson Rodríguez miente. Es muy fácil constatar otro intento de engaño oficialista con sólo estar allí presenciando cómo el viento y las aguas de lluvia deslizan los escombros hacia el mar, pero citaremos acá a un experto, el profesor Joaquín Benítez, Director de Sostenibilidad Ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello, para quien “no se están respetando las distancias de seguridad” que prevengan nuevos daños. Concluye categóricamente que “la distancia actual entre los residuos y las playas no es suficiente para evitar un ecocidio.”

Culminando nuestro recorrido del 10-09 recibimos un severo “plantón” de una autoridad educativa del estado La Guaira (que supuestamente iba a declarar sobre fechas de desalojo de universidades y escuelas utilizadas como refugios para poder iniciar la temporada académica 2026-2027). La larga espera nos permitió ser testigos de una pequeña “corte de milagros” en torno a la figura del Alcalde José Manuel Suárez. Una docena de personas lo esperaba a las afueras de su oficina y no sabíamos para qué, hasta que salió y empezó a firmar diversos papeles que le daba la gente. La mayoría eran órdenes médicas que requerían medicamentos o costosos estudios. “La firma (del burgomaestre) implica atención gratuita y casi inmediata”, nos dijeron. 

La persona que estábamos esperando para hablar de asuntos educativos nunca nos atendió. Al momento de redactar esta nota, la mayoría de las escuelas públicas de La Guaira y las universidades Marítima del Caribe y Simón Bolívar (Núcleo Litoral) siguen funcionando como albergues para personas damnificadas tras la tragedia. Esos “refugios” no han sido desalojados y aún se desconocen las fechas concretas de la reprogramación académica 26-27. 

JVGS//EL